El Perú durante la época de la dictadura militar estuvo aliado a la Unión Soviética, siendo su armamento, principalmente de fabricación soviética; los gobiernos que sucedieron a la dictadura militar tampoco se alinearon del modo que los Estados Unidos y sus aliados esperaban y se vieron inmersos en conflictos armados con agentes externos, países limítrofes y con agentes internos, el narco terrorismo con tintes comunistas diezmó poblaciones civiles y agentes militares; el caos social era grande, sabemos que esta élite mundial financian ambos lados del problema, así esta élite que depende del narcotráfico para financiar sus oscuras campañas armaron y financiaron al terrorismo en el Perú.
El primer gobierno de Alan García al que culpamos de hacernos vivir una pesadilla, se enfrentó a los Estados Unidos, tuvo la osadía de izar la bandera panameña como protesta contra los Estados Unidos que invadió Panamá y extraditó al general Noriega. Pero García no trabajaba tampoco en favor del pueblo peruano ya que el índice de corrupción en todos los poderes del estado fue altísimo durante su primer gobierno y si el no fue juzgado es porque regresó cuando prescribieron las acusaciones en su contra a pesar de decir que él no se corría vivió exiliado mientras prescribían las acusaciones en su contra; estas pataletas y brabuconadas de García contra los Estados Unidos, no fueron en defensa de los intereses nacionales ya que al acabar su gobierno, habíabamos tocado fondo.
El gobierno de Fujimori con Montesinos señalado como agente de la CIA, se alineó totalmente a los requerimientos de los Estados Unidos y sus aliados, "solucionó" el problema del terrorismo, la hiper inflación, vendió todo lo que pudo vender a las transnacionales que establecieron monopolios, como la Telefónica española que entró a asaltarnos y robarnos peor que sus antepasados el conquistador español Francisco Pizarro y sus secuaces.
Otras de las formas en que Fujimori y Montesinos se allanaron a la voluntad de los Estados Unidos y sus aliados fue el hacer una delincuencial política poblacional.
Hombres y mujeres fueron afectados por drásticos procedimientos de "planificación familiar", que de planificación no tienen nada.
Ahora la Fiscalía vuelve a abrir el caso de esterilizaciones forzadas por lo menos en un sector de la población, ya que esta política no sólo se implementó en pueblos alejados a la capital, no sólo miles de mujeres indígenas de la sierra y selva y también hombres fueron esterilizados, sino en todo el territorio nacional.
El procedimiento que realizaban las autoridades para convencer a las mujeres de esterilizarse, era decirles que solo así se podría exterminar la pobreza.
La ex congresista de la República Hilaria Supa, respecto a estos procedimientos no dice: "Ellos dijeron que buscaban exterminar la pobreza con esto, pero se equivocaron. Ahora son más pobres porque no pueden trabajar, no pueden hacer esfuerzo".
Y se considera importante cambiar el tipo de delito con el que se ha tipificado esta denuncia y que deje de ser considerado un delito y que se considere un delito de lesa humanidad; por ser un delito contras la mujer, contra la vida, un delito de discriminación".
Se estima que se realizaron 300 mil esterilizaciones forzadas durante los años de 1990 y 2000 y unas 156 mil vasectomías fueron hechas.y se cuenta un total de 18 víctimas mortales por estas prácticas.
La reapertura de uno de los casos de supuesta esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú ha apaciguado un poco el dolor de las agraviadas y sus familias, que esperan una reparación ejemplar.
El Estado peruano ha anunciado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Fiscalía reabrirá el caso de la campesina María Mamérita Mestanza, madre de 7 hijos que murió a los 33 años en la región norandina de Cajamarca, tras ser esterilizada al parecer de manera forzada.
"En el caso de Mamérita la amenazaron con que podía ir a la cárcel por no hacerse la esterilización al tener más de tres hijos, por lo que se intervino y falleció", expresó Salazar, abogada de este emblemático caso. Mamérita Mestanza es una de las 18 víctimas mortales de estas prácticas que registró la Defensoría del Pueblo.
Para Salazar, la importancia de declarar estos casos como violaciones a los derechos humanos es que no pueden prescribir y que se debe aclarar la cadena de mando en las acciones delictivas.
"No solamente fueron los médicos que operaron los únicos responsables, también lo son el ministro que no hizo nada o que ordenó este tipo de política y Alberto Fujimori, que fue el presidente de esa época", alegó Salazar.
Según la representante de Demus, existen indicios de que las esterilizaciones forzadas fueron una política de Estado del gobierno de Fujimori y no simples hechos aislados, pues existen testimonios de médicos y enfermeras que señalan que se les obligaba a intervenir a un determinado número de pacientes al mes.
En 1996, en medio de la depresión por perder a su hijo prematuro, Victoria Vigo se enteró de que ya no volvería a concebir porque durante la cesárea le practicaron la esterilizaron sin su autorización.
"A mi me mutilaron; hubo una mutilación que marcó mi vida, hubo mucho dolor todo ese año, el deseo de ser madre era muy fuerte", dijo a Efe Vigo, administradora de 49 años y madre de dos hijos.
"Las mujeres que fueron intervenidas con la anticoncepción quirúrgica voluntaria fueron 300.000, de esas no tiene una cifra exacta de cuántas fueron forzadas, la única cifra que se maneja son las 2.074 agraviadas que aparecen en la denuncia fiscal, pero se tiene la sospecha de que el número es mayor", manifestó Salazar.
Según las organizaciones de derechos humanos la complejidad del caso no permite que se cierre en todos los aspectos que implica.
"Sigue habiendo mucho miedo porque los médicos que las operaron siguen siendo los médicos de la posta (de salud) donde se atienden. Las mujeres operadas contra su voluntad no los van a denunciar porque son los médicos que tratan a sus hijos", precisó Salazar.
El ministro de Salud de ese entonces y hoy congresista, Alejandro Aguinaga, ha negado en varias ocasiones que haya sido un programa sistemático gubernamental de esterilizaciones.
* Parte de la crisis de este gobierno es que quienes lo eligieron esperaban que cumpliera sus promesas electorales, pero cada vez se aleja más de ella, pregunto ¿ tienen una idea por qué será esto ?.
No olvidemos que para el 2012 tendremos 23 habitantes por kilómetro cuadrado.
¡ Qué gran superpoblación tenemos !
* Esterilizaciones Forzadas en el Perú: Mujeres esperan justicia.
Aunque la impunidad bordea el delito de lesa humanidad
Por María Esther Mogollón*
Las denuncias sobre esterilizaciones forzadas realizadas por diversas mujeres y organizaciones en estos años en el Perú, cobran especial significado en los esfuerzos de un grupo de doce campesinas quechua hablantes de Anta. El mismo es un hecho emblemático que resalta la valentía de estas mujeres, frente a la violación de derechos de la que fueron víctimas, no sólo ellas sino miles de mujeres peruanas pobres, indígenas y campesinas. Como se recuerda estas esterilizaciones forzadas fueron perpetradas durante 1996-2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Después de investigaciones y acusaciones negadas, el hecho volvió a cobrar relevancia debido a que en junio 2003, la Comisión de Derechos humanos del Congreso formuló ante la Fiscalía de la Nación una denuncia contra Fujimori, por delito de Lesa Humanidad y tortura, debido a que encontraron otras pruebas que lo señalarían como máximo responsable de las esterilizaciones forzadas. Previamente en enero de este año (2003) en el Congreso de la República una Sub Comisión Especial, creada para revisar la Acusación Constitucional contra Fujimori, dirigida por el Congresista del APRA Luis Gonzáles Posada y Luis Ibérico del FIM, en tiempo récord y sin atender mayores evidencias, ni las denuncias de las víctimas, desestimó la acusación institucional por genocidio contra Alberto Fujimori y dos de sus ex ministros de Salud. Sólo quedaba la acusación penal contra otros implicados, que eran funcionarios de la dictadura, pero los "peces gordos", estarían celebrando la impunidad.
Este crimen de lesa humanidad y las investigaciones referentes a ella, se dan en un marco de enturbamiento debido a que los conservadores, como congresistas y el ex Ministro de Salud, Fernando Carbone, usando el delito de esterilizaciones forzadas, intentan eliminar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y de otro lado, los rezagos del fujimorismo y sus cómplices, hacen lo posible para quedar libres de culpa. Las víctimas son dejadas de lado en esta discusión.
Antecedentes
La política de planificación familiar implementada desde 1996-2000 durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori fue aplicada de forma irregular y coercitiva, violando una serie de derechos humanos de las mujeres, demostrando el desprecio por la vida de quien dirigió los destinos del país .
En democracia, el Ministerio de Salud formó una Comisión Especial Investigadora de las esterilizaciones o Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) integrada por destacados profesionales, entre ellos, la líder campesina de Anta, Cusco, Hilaria Supa. Los resultados se dieron en julio del 2002, mostrando 54 nuevas evidencias de la violación de derechos que enfatizaban en testimonios y las irregularidades en el Consentimiento Informado. El gobierno de Alejandro Toledo, a través de su ministro de Salud Fernando Carbone, (2001-2003) pidió disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos en casos de esterilizaciones forzadas.
Los resultados de las investigaciones y las nuevas evidencias desataron una polémica y declaraciones de ex-autoridades fujimoristas, a lo que se sumaron ambigüedades de parte de varias ONGs de mujeres que si bien denunciaron algunos hechos en 1996-1998 posteriormente se silenciaron.
El Congreso de la República creó también una Comisión especial investigadora en la Sub Comisión de Salud, dirigida por el Congresista conservador, Dr. Héctor Chávez Chuchón. Esta Comisión determinó la acusación Constitucional sobre Genocidio contra el expresidente Fujimori, -quien huyó del país y se encuentra en Japón bajo el paraguas de su "nacionalidad japonesa"- y otros funcionarios. Chávez Chuchón, recomendó a la vez e injustamente, eliminar el acceso a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)
Las esperanzas de justicia frente a la impunidad
Las investigaciones están hoy, en la Fiscalía de la República y avanzan lentamente, aducen falta de recursos. Sin embargo, las propias leyes peruanas respecto a estos delitos no son claras. Lo más preocupante es que centrado el debate por un lado en la negación del delito, la ambigüedad, y la utilización de las esterilizaciones forzadas por parte de las fuerzas del opus dei; las víctimas de estas violaciones quedan a un lado, a expensas de una justicia lenta y de la impunidad.
La cantidad de mujeres esterilizadas oscilan entre las 300 mil. A 16 mil hombres, se les practicó la vasectomía. La magnitud de las irregularidades no se ha precisado, pueden ser esas mismas 300 mil o menos. He ahí un problema que deben determinar las autoridades de justicia. Las consecuencias de las esterilizaciones en cifras y daños físicos y mentales a las mujeres esterilizadas contra su voluntad, es un asunto que aún no ha sido evaluado a cabalidad en el
Perú.
El 14 de octubre del 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconocó ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita Mestanza, mujer campesina de Cajamarca fallecida en 1998, como consecuencia de complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de Alberto Fujimori. El caso fue presentado en 1999 a la CIDH -cuando las puertas de la justicia peruana se cerraron-, por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, CRLP (sede Nueva York), CLADEM REGIONAL, DEMUS Y APRODEH y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso se fundamentó en las investigaciones de Giulia Tamayo y su Reporte Nada Personal, sobre las AQV. Finalmente el 26 de agosto de 2003, el gobierno peruano ha cumplido con la entrega de la indemnización consistente en US$ 109,000 a la familia de Mamérita. Falta aún lo relacionado a la mejora de los Programas de Salud Reproductiva, en especial lo relativo a las AQV.
Entre las pocas organizaciones peruanas que acompañan actualmente a las campesinas de Anta, se encuentra el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAM Fundacional), ellas han referido que esta solución amistosa, es una buena noticia para quienes luchan contra la impunidad en torno a esta injusta política de población aplicada. Señalan que continuarán su accionar a favor de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, exigiendo toda la verdad sobre lo acontecido para lo cual hacen monitoreo a las investigaciones y capacitación en derechos sexuales y reproductivos.
La solución al caso de Mamérita Mestanza, abre las posibilidades a las investigaciones y a la justicia que esperan las mujeres a las que les fueron violados sus derechos, en especial a quienes han venido denunciando lo que les pasó, aun a costa de amenazas, burlas, negación y silencios cómplices, no sólo de funcionarios del gobierno fujimorista sino de instituciones nacionales y financieras internacionales que se empeñan en negar sus responsabilidades.
Las activistas de derechos humanos, que desean la verdad y justicia sobre todo lo sucedido, frente al asomo de impunidad y a la lentitud de la justicia peruana, expresan que su lucha se apoya en saber que este crimen de lesa humanidad no caduca.
*Périodista, feminista. Activista del MAM FUNDACIONAL
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